El autónomo aporta 5.750 euros como máximo frente a los 10.000 del asalariado
Los autónomos verán aumentada su aportación a los planes de pensiones de empleo con derecho a desgravación desde los actuales 1.500 euros anuales que se recogen en la Ley de Presupuestos Generales de este año a 5.750 euros gracias a la ley de planes de pensiones de empleo que ha aprobado el pasado martes el Consejo de Ministros. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia se quedan muy por debajo de los asalariados que podrán desgravarse hasta 10.000 euros al año, un 42% más.
La diferencia en la aportación máxima genera división de opiniones entre las asociaciones de autónomos. Mientras ATA habla de discriminación, Upta y Uatae entienden que el límite de 5.750 euros es más que suficiente para la mayoría de los trabajadores por cuenta propia. De hecho, fuentes del Ministerio de Seguridad Social señalan a eE que la gran mayoría de las aportaciones de este colectivo no supera dicho límite.
Reducción de la base
La 10.000 euros de desgravación de los asalariados -reducen la base impositiva del IRPF y cuando se rescatan tributan como rendimiento de trabajo, según explica Alberto Rodríguez, Socio del área Legal y Fiscal en PKF Attest- se obtienen de la suma de los 1.500 euros de la desgravación aplicable a los fondos de pensiones individuales, más una ampliación de 8.500 euros, algo que ya se contempla en los actuales Presupuestos Generales, por lo que, a diferencia de los autónomos, la cantidad no ha variado. En cambio, en los autónomos, a los 1.500 euros se limita el incremento a 4.250 euros (de nueva creación), dando la suma de 5.750 euros.
Sin embargo, los 10.000 euros que podría llegar a desgravarse un asalariado están directamente relacionados a la aportación de la empresa. Algo complicado de alcanzar. Por este motivo, la ley de pensiones aprobada por el Ministerio que dirige José Luis Escrivá también ha modificado la actual estructura de desgravaciones en Renta que pueden disfrutar los trabajadores por cuenta ajena.
Así, mientras que los actuales Presupuestos Generales impiden que los trabajadores aporten más dinero a sus planes de pensiones de empleo que el cedido por sus empresas, la nueva ley de Escrivá permite que superen la aportación empresarial. Aunque con unos coeficientes que van reduciendo la cantidad según aumente la aportación del empresario. En cualquier caso, para que un trabajador se pueda desgravar 10.000 euros, el empresario debe aportar, como mínimo, 4.250 euros, pudiendo llegar a los 5.000 euros.
Los Presupuestos Generales ya permiten que las cantidades aportadas por la empresa «que deriven de una decisión del trabajador» tengan la consideración de aportaciones de ese trabajador. Lo que implica que se lo podrá deducir en su declaración de la Renta. Un beneficio que mantiene la ley Escrivá.
Algo difícil, según señalan los expertos que apuntan que si, por ejemplo, una empresa sólo cede 500 euros anuales, la aportación total de un asalariado será de 3.250 euros. En cambio, el autónomo podrá alcanzar los 5.750 euros -si lo permite su capacidad financiera- sin depender de nadie.
Alberto Rodríguez, de PKF Attest, matiza que es importante destacar que la contribución empresarial se considera salario en especie. Dicho salario queda libre de impuestos al tener derecho a una reducción equivalente. En definitiva, la parte que realmente desgrava es la aportación que realiza el contribuyente. En el momento del rescate, todo lo aportado (trabajador y empresa), tributa como rendimiento de trabajo.
En cualquier caso, fuentes del Ministerio de la Seguridad Social resaltan que la diferencia en el trato fiscal entre autónomos y asalariados se producirá a partir de una aportación conjunta de 5.750 euros, tope para los autónomos. Hasta esa cifra, el beneficio fiscal es idéntico para ambos colectivos de trabajadores que, a igual tipo de cotización en el IRPF, disfrutarán de la misma desgravación como consta en el cuadro adjunto elaborado por eE.
Sin embargo, en el hipotético caso de que el asalariado llegase a los 10.000 euros gracias a una aportación empresarial mínima de 4.250 euros y máxima de 5.000, el beneficio fiscal de un empleado que tributase al 25% llegaría a 2.500 euros, mientras que el autónomo al mismo tipo se quedaría en 1.437,5 euros, 1.062 euros menos. Y si ambos tributasen a un 35% en el IRPF, la diferencia a favor del asalariado se elevaría a cerca de 1.500 euros.
Diferencias en el colectivo
Más allá, con este modelo ya acordado de manera definitiva, arrojan ciertas diferencias entre las asociaciones representantes del colectivo de trabajadores por cuenta propia sobre la evaluación de la medida. Entre los más críticos se encuentra Uatae, que rechazan de pleno la medida, y critican que se fie al sector privado una labor que debería llevar a cabo la Seguridad Social. «Creemos que la respuesta para una mejor protección social de los autónomos jubilados debe venir desde el refuerzo del modelo público, en lugar de que el gobierno avale y potencie una gestión privada (y por tanto, un negocio privado) con algo tan sensible», apuntan desde la organización.
No obstante, en el plano concreto de los incentivos, desde Uatae señalan que «es evidente que desde el punto de vista de los incentivos para los autónomos se da una situación más favorable que la actual, en la medida que ahora tienen un límite de 1.500 euros y se plantea aumentar con estos planes hasta los 5.750. Es más favorable por tanto que la situación actual».
Por su parte, desde ATA, afirman a elEconomista que este nivel de incentivos se queda corto y debería de haber algún esfuerzo por parte de la Administración para incrementar esta cuantía deducible en el IRPF, y más allá, recuerdan la ausencia de otros incentivos fiscales para las empresas.
Finalmente, desde Upta, aseguran que esos 5.750 euros de desgravación máxima de la que disfrutarán los autónomos «es suficiente» para cubrir las aportaciones de los trabajadores del colectivo. Y más allá, aseguran que durante el primer año de vida del fondo público de pensiones hasta un 10% de autónomos podría adscribirse a estos planes de promoción pública. La asociación será la primera en abrir un plan simplificado para autónomos.
(Noticia extraída de El Economista)
