Las entidades trasladan que la posibilidad de completar la totalidad del tratamiento de las bajas laborales supondrá un ahorro a las arcas públicas.
La negociación que el Gobierno mantiene con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sobre un nuevo convenio marco de colaboración a nivel nacional para aumentar la presencia de las entidades en el tratamiento de las bajas laborales de carácter traumatológico tiene como elemento consustancial el alivio de unas arcas públicas cada vez más tensionadas por el aumento exponencial del coste de la cobertura de la incapacidad temporal. Una partida presupuestaria, que en el último lustro casi se ha duplicado, hasta alcanzar los 13.800 millones de euros previstos en la ejecución de las cuentas de 2023.
Sin embargo, desde el sector advierten de que el planteamiento inicial trasladado desde el gabinete dirigido por la ministra Elma Saiz podría quedarse corto en el objetivo principal de aliviar parte de la carga que soportan en este momento los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas propiciando al tiempo una reducción de los tiempos de tratamiento de las patologías.
Es en este punto donde desde el sector han elevado la presión en este momento de la negociación para estudiar la posibilidad de que las mutuas puedan completar la totalidad del proceso de incapacidad temporal hasta dar el alta al trabajador que ha sido tratado aunque Seguridad Social no tiene intención de dejar en manos de las mutuas el alta definitiva de los trabajadores. De hecho en el borrador publicado por ABC que contiene las líneas fundamentales del convenio marco que se desarrollará próximamente con las comunidades autónomas aclara específicamente que si bien se permitirá una prestación del servicio para agilizar los tratamientos, la Seguridad Social se reserva la comunicación del alta definitiva del trabajo. Aunque sí se especifica igualmente que tendrá el deber de responder a la propuesta de alta que realice la mutua una completado el proceso en un plazo máximo de cinco días.
Es precisamente este el punto sobre el que discrepan desde el sector, tal y como recalca el director gerente de AMAT, Pedro Pablo Sanz Casado, que apuntó esta semana durante su intervención en una jornada sobre absentismo acogida por la patronal de los empresarios madrileños CEIM, que este es un punto que se debería valorar aprovechando el momento de la negociación abierta. «Al menos, que se pueda proponer un alta y que la Seguridad Social lo tenga que valorar de forma veloz», señalaba como un punto intermedio a la exigencia de la asociación de permitir que se prescriban altas desde las mutuas en las contingencias comunes, «especialmente en patologías traumatológicas y osteoarticulares».
Aunque en este momento la idea del Gobierno es que la intervención de las mutuas se produzca en aquellos procesos que tienen una duración superior a lo estipulado y siempre será con el consentimiento del paciente.
Ahorro para las arcas
«Los trabajadores de baja laboral derivados de contingencias comunes sufren innecesariamente casi un mes más en recuperar su salud y poder reincorporarse a su trabajo, con las pérdidas económicas que se producen para ellos mismos, para las empresas y para la Seguridad Social, además de los quebrantos organizativos que conlleva para el funcionamiento normal de las empresas y la carga laboral que supone para el resto de trabajadores de las mismas», explica el director gerente de AMAT recordando que las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social gestionaron 578.516 procesos traumatológicos derivados de accidentes de trabajo durante 2023, con una duración media de 41,08 días, aproximadamente 26 días menos de lo que tardaron los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas en recuperar la salud de los trabajadores en este mismo tipo de patologías.
Apuntan desde el sector que este elemento diferencial podría propiciar un ahorro de 2.637 millones de euros para las arcas públicas por la reducción del periodo de pago de las prestaciones. De hecho, el hecho de que en el pasado ejercicio la financiación de esta partida por parte de la Seguridad Social consumiese el equivalente a un punto del PIB, está en el centro de la causa de la reforma que se plantea «en el marco de la mejora de la gestión de la prestación de incapacidad temporal (IT) y la disminución del gasto generado» en lo que se propone la celebración de unos convenios de colaboración a suscribir entre la consejería de sanidad de cada una de las comunidades autónomas, las mutuas, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
(Noticia extraída de ABC)
