La nueva reducción será en 2023 de 6.498 euros, aunque se mantiene que una renta media pueda gravarse al mismo tipo que un millonario
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 han vuelto a poner de relieve una de las mayores deficiencias del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF), al mantener el esquema de los últimos años a la hora de aplicar la reducción por rendimientos netos del trabajo. Tal y como está concebido actualmente este impuesto se generan dos tipos de efectos negativos.
El primero de ellos es que quiebra el principio de generalidad en su aplicación, lo que afecta a la equidad del impuesto limitando el poder redistributivo del mismo, tal y como señala el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, José Félix Sanz. Esto es así porque esta reducción lleva a elevados costes de eficiencia ya que dispara los tipos marginales efectivos de trabajadores con rentas moderadas.
Esto supone que el segmento denominado phase-out de la reducción, que está comprendido entre los nuevos niveles 14.047,5 y los 19.747,5 euros de rendimientos netos (15.000 y 21.000 brutos), tal y como recoge el articulado de los PGE para 2023, la reducción pasa de su valor máximo, fijado el próximo año en 6.498 euros, a desaparecer completamente. Ello provoca un efecto perverso sobre la magnitud de los tipos marginales.
Así las rentas más bajas que se encuentran entre estos niveles se les dispara su marginal por encima del 50%, lo que supone que por esa porción de renta van a tener que tributar por un tipo como si tuviese un nivel de rentas superior a los 300.000 euros.
Se pone de relieve como por cada 100 euros adicionales que ganen estos contribuyentes más modestos, se pierden 150 euros de reducción, al que se tiene que sumar un tipo marginal del 24% de la tarifa, lo que provoca que 50 euros vayan a manos de Hacienda.
En opinión de este experto, esta reducción debería ser una firme candidata a ser reconsiderada, si bien la última decisión de Hacienda al respecto ha sido continuista, siguiendo la trayectoria de las modificaciones llevadas a cabo en los últimos años.
Su eliminación, de hecho supondría un incremento de la factura fiscal para aquellos niveles de renta más bajas, aunque sería un paso correcto en la equidad del impuesto.
Desde Hacienda, señalan a este diario que se está analizando de que forma se podría eliminar este efecto, pero lo cierto es que el articulado de los Presupuestos, solo contempla la modificación del artículo 20 de la Ley del IRPF, introduciendo los nuevos niveles que minorarán el rendimiento neto del trabajo.
Deflactar el IRPF
Esta distorsión en la aplicación de esta deducción se suma al efecto que genera no elevar la tarifa y el resto de los elementos del IRPF a la evolución de la inflación. Aunque algunas comunidades han llevado a cabo actualizaciones a determinados niveles de renta en su tramo autonómico, la no generalización de esta medida al conjunto de los tramos supone un incremento de la fiscalidad “en frío”. Según los trabajos realizados por este catedrático, los efectos de la no actualización del impuesto en función de la inflación, se hace mucho más patente en el agregado del conjunto de rentas más bajas que en las de mayores ingresos.
De esta manera se confirma cómo el dicho popular que dice que la inflación es el impuesto añadido de los pobres es una realidad. Dentro del coste total de 4.110 millones de euros por no deflactar el IRPF en 2021, cuando el IPC acabó en el 6,5%, puede apreciarse como las rentas medias y bajas son las mas afectadas. En concreto, el 65,1%, con 2.671 millones de euros, se corresponde con los niveles de renta comprendidos entre 0 y 36.000 euros.
Según los datos de la Agencia Tributaria, dentro de este umbral de renta se concentra el mayor número de declaraciones de este impuesto, con cerca de 18 millones de declaraciones, el 85,8% de un total de 21 millones presentadas. Este umbral de renta supone también el 56% de lo que se recauda por este tributo.
Los datos que arroja el trabajo de este experto elevan hasta el 80,29% este coste por no tener en cuenta la inflación, si se amplía el umbral de renta hasta los 48.000 euros.
El sobrecoste fiscal hasta este nivel alcanza por tanto los 3.300 millones de euros. Para el caso de las rentas de más de 60.000 euros, el impacto es muy superior, obteniéndose un sobreimpuesto de 872 euros de media más por declaración para aquellas rentas superiores a los 120.000 euros.
(Noticia extraída de Cinco Días)
