Establecerá un régimen específico para sancionar a quien oculte o altere su IP
El impuesto gravará el ingreso por cada operación, excluido el IVA, y se liquidará trimestralmente
Una de las principales novedades que incluye el plan presupuestario que el Gobierno ha elaborado, en colaboración con Unidos Podemos, es la creación de una tasa sobre la actividad de las grandes compañías tecnológicas.
El llamado impuesto sobre los Servicios Digitales gravará al 3% los servicios de publicidad en línea, intermediación online y venta de datos de usuarios de empresas que facturen más de 750 millones en el mundo y tres millones en España.
La medida, que la ministra de Hacienda María Jesús Montero, considera clave para implantar en España “una fiscalidad del siglo XXI”, recaudará unos 1.200 millones de euros el próximo año, según las previsiones del Ejecutivo.
Hasta la fecha se conocían pocos detalles más de la medida, si bien el plan económico remitido el lunes a Bruselas por parte del Gobierno ofrece algo más de luz sobre el tributo y su funcionamiento.
En primer lugar, el documento aclara que el impuesto se liquidará trimestralmente y se aplicará sobre los ingresos obtenidos por cada operación o servicio que ofrezcan las compañías sujetas al mismo, una vez excluido el IVA.
Más allá, Hacienda informó a la Comisión Europea de que establecerá un régimen sancionador específico para evitar el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otros instrumentos de geolocalización a fin de garantizar que todas las transacciones digitales realizadas en España quedan gravadas.
El documento remitido a Bruselas también avanza que esta nueva tasa, junto al impuesto sobre las transacciones financieras y el nuevo plan antifraude fiscal, será impulsado en cuestión de «semanas» mediante un anteproyecto de ley.
Aunque esta tasa está inspirada en la iniciativa europea que busca hacer pasar por la caja del Estado a las grandes firmas tecnológicas internacionales más conocidas, y de hecho se la conoce como Tasa Google, Montero avanzó hace unas semanas que afectará a otras firma de trasportes y alojamiento, como Uber y Airbnb.
(Noticia extraída de Cinco Días)
