La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, informó este jueves en el Congreso de que su departamento ha dado de baja del Régimen General de la Seguridad Social a unos 6.000 trabajadores por realizar un trabajo autónomo, obligando a cerca de 3.000 de ellos, asociados a cooperativas de facturación, a darse de alta en el Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja, a la que acudió para explicar la evolución del mercado de trabajo, la ministra reconoció que la Comisión Europea recomendó el pasado mes de junio intensificar las campañas de inspección en el marco de la economía colaborativa.
En este sentido, Báñez puso en el mismo nivel de responsabilidad tanto a las empresas de economía colaborativa que emplean a sus trabajadores como ‘falsos autónomos’ como a las cooperativas de facturación en las que se integran ‘falsos autónomos’ con el fin de darse del alta en el Régimen General.
Así, Báñez ha cargado contra «plataformas que menoscaban los derechos de los trabajadores» por afiliar a «verdaderos autónomos no dados de alta en el RETA». «En ocasiones, a través de las cooperativas de facturación se podían encubrir actividad de verdaderos trabajadores autónomos que evitaban el alta en el RETA», ha dicho.
«Sin perjuicio de la posible descalificación de esa entidad como cooperativa, se ha promovido la anulación de 6.000 altas indebidas en el Régimen General, procediéndose a valorar el alta en el RETA de cerca de 3.000 trabajadores».
Falsos autónomos
Báñez se ha referido a esta realidad como la de los «verdaderos autónomos», a raíz de las preguntas de la oposición sobre los ‘falsos autónomos’, que entiende estos últimos como los que padecen una realidad opuesta: aquellos trabajadores no dados de alta por las empresas que les empleaban, obligándoles a facturar como autónomo para ahorrar el abono de las cotizaciones.
Concretamente, varios diputados de la oposición han dirigido su interés acerca del tratamiento del Gobierno con plataformas como Deliveroo o similares, cuyos repartidores, a pesar de formar parte de la estructura de la empresa, se asociaban a ella como autónomos.
Paradójicamente, las cooperativas que denunció Báñez y sobre las que ha actuado la Inspección de Trabajo son un recurso de los llamados ‘falsos autónomos’ con el fin de estar cubiertos por el Régimen General.
En todo caso, Báñez también se ha referido al fraude de los «falsos autónomos» no dados de alta en el Régimen General y ha señalado que las campañas de sección «en determinados sectores» ha permitido aflorar 6.785 empleos desde 2012 tras realizar en estos seis años 17.483 actuaciones. La ministra ha destacado que si en 2011 se habían realizado 1.200 actuaciones, en 2017 se llevaron a cabo 7.500 inspecciones.
(Noticia extraída de El Economista)
