Mientras, se extiende la prohibición de despedir lo que lastrará a las compañías
El Gobierno sigue sin ceder en la prorroga generalizada de los Ertes de fuerza mayor, actualmente en vigor hasta el 30 de septiembre. De momento, ha propuesto en la Mesa Tripartita que negocia la continuidad de los expedientes temporales de empleo que continúen como fuerza mayor aquellas empresas que están vinculadas al turismo, lo que no significa necesariamente todos los sectores relacionados con el turismo, según explican a elEconomista fuentes de la patronal.
Estas mismas fuentes apuntan que se podrían quedar fuera empresas del transporte de autobuses o aerolíneas cuyas rutas no fuesen necesariamente turísticas. Igualmente, señalan que de los 800.000 trabajadores que actualmente están hoy en Erte, la futura prórroga, según la propuesta del Gobierno, podría amparar a unos 120.000.
No obstante, la fuentes consultadas por este diario matizan que se trata de una posición de partida presentada por el Gobierno y que todavía queda mucho recorrido y que esta propuesta no ha sido planteada en un documento, sino en las conversaciones de la mesa.
Tanto empresarios como sindicatos se han negado a que se sectorialice la prórroga; es decir, determinar qué sectores sí y que sectores se quedan fuera en función de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Los agentes sociales han defendido siempre que la casuística es muy amplia, y se corre el riesgo de dejar fuera de los Ertes a empresas que están muy afectadas al estar ligados al turismo.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pone el ejemplo de una empresa de aire acondicionado que está claramente fuera del sector turístico, pero que puede tener una gran parte de sus ingresos ligados a los hoteles. O Unai Sordo, secretario general de CCOO, que dice que los supermercados no están afectados, sí uno de Ibiza.
Estas fuentes de la patronal resaltan la incongruencia que supone limitar la prórroga de los Ertes de fuerza mayor a unos cuantos sectores, dejando a muchas empresas sin una herramienta para continuar pese a la caída de la actividad, y, sin embargo, el Ministerio de Trabajo siga manteniendo las medidas para limitar los despidos, tanto en el caso de las empresas que se han acogido a Ertes durante estos meses, como la limitación para prescindir de trabajadores alegando causas económicas derivadas del Covid. Ello en la práctica implica que el coste del despido se encarecería de los 20 días (por despido procedente) a 33 días (improcedente), lo que lastra aún más a las empresas afectadas que queden protegidas por la extensión de los Ertes.
Guerra de cifras
Por otro lado, este miércoles se produjo una guerra de cifras a cuenta del coste de los Ertes. Garamendi volvió a solicitar al Gobierno, este vez en la Junta Directiva de su organización, datos «objetivos» sobre lo que están costando los Ertes porque sospecha que son «muy inferiores» a lo que dicen en público. «Necesitamos datos objetivos para hablar de los Erte porque tenemos dudas muy serias de que los datos que nos está transmitiendo el Ministerio de la Seguridad Social sean reales. Los hemos pedido, no nos los dan y creo que tenemos derecho a saber cuánto son las prestaciones y cuánto son las exoneraciones«, apuntó.
El presidente de asociación de autónomos de la patronal y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, señaló en un tuit que 800.000 trabajadores en Erte con prestación y exoneración de cuotas suponen un coste mensual de unos 1.200 millones de euros, frente a las cifras de entre 4.000 y 5.000 millones de euros que se están ofreciendo desde el Gobierno. «¿Qué se está computando ahí?», se preguntó Amor.
El líder empresarial advirtió además al Gobierno de que esto «no es una claudicación» y que «por apretar» no se van a conseguir acuerdos. «Nosotros somos pactistas, queremos trabajar por nuestro país y la mejor manera de apoyar a nuestro país es apoyar a las empresas españolas«, dijo el presidente de la CEOE, que añadió que «es difícil llegar a un acuerdo el día 15 cuando te dan los papeles el 14».
(Noticia extraída de El Economista)
