La oferta planteada a los agentes sociales pasa por mantener condiciones muy similares a las actuales
Como ya ocurrió el pasado enero, el Gobierno abrió ayer la negociación con los agentes sociales de la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con una oferta sobre el periodo de vigencia. Los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo, pusieron sobre la mesa una extensión por cuatro meses de la cobertura desplegada para los ERTE en tiempos de pandemia. De esta forma, la vigencia de este mecanismo extraordinario de apoyo al empleo se amplía al 30 de septiembre, hasta que concluya por tanto la temporada de verano.
En esta primera reunión con CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT, el Ejecutivo avanzó también su intención de mantener un modelo “muy similar” de exenciones a las empresas y ayudas a los trabajadores aplicado actualmente. Fuentes cercanas al diálogo social apuntaron que el planteamiento puede incluir “pequeños ajustes” en cuestiones como los sectores más beneficiados o los fijos discontinuos. La secretaria de Acción Sindical de CC.OO., Mari Cruz Vicente, explicó después del encuentro que tomarán “como referencia” para la nueva prórroga lo recogido en el acuerdo vigente en estos momentos, “aunque se han planteado algunas adaptaciones”. La líder sindical aclaró que, en todo caso, en la reunión el Gobierno no había entrado en concreciones al respecto y no había tampoco ninguna oferta por escrito.
De momento, la propuesta apuntada ayer parece estar en línea con la tesis defendida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, partidaria de “no tocar un sistema que funciona”. Sin embargo, en las últimas semanas el máximo responsable de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha apostado por que en esta nueva prolongación de los ERTE –la actual concluye el 31 de mayo– se pusiera el acento en reactivar a los trabajadores con el empleo total o parcialmente suspendido.
La postura de Escrivá fue apoyada casi de inmediato por la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Por ello, no es del todo descartable que a lo largo de la negociación el fomento de la salida de los ERTE se abra paso. La idea genera recelos no solo en Trabajo sino también entre parte de los agentes sociales, que consideran que la clave para reactivar trabajadores reside en la vuelta a la actividad más que en el volumen de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social.
Por su parte, la patronal está dispuesta a plantear de nuevo la necesidad de flexibilizar la cláusula de mantenimiento del empleo. En este punto, el Gobierno se ha mantenido hasta ahora inflexible, argumentando el enorme esfuerzo de las arcas públicas para preservar el tejido productivo y apuntalar las rentas de los trabajadores.
Hay 621.000 asalariados con el empleo suspendido
Lo que no está en discusión es el compromiso del Gobierno de seguir con la cobertura que proporcionan los ERTE mientras duren las dificultades generadas por la covid. Así lo transmitieron ayer de nuevo los responsables de Trabajo y Seguridad Social. “Ha sido una reunión de toma de contacto, pero la noticia importante es que los ERTE se van a mantener, que va a haber un nuevo acuerdo hasta el 30 de septiembre y que se apuesta por seguir manteniendo esta herramienta en tanto en cuanto las necesidades económicas fruto de la pandemia sigan vigentes”, remarcó Vicente. En el plan de recuperación remitido hace unos días a Bruselas, España afirma que los ERTE funcionarán hasta finales de este año.
Ayer la vicepresidenta Calviño explicó en el Congreso de los Diputados que esta semana el número de trabajadores afectados por un ERTE ha caído hasta los 621.000. Se trata de los niveles más bajos desde que comenzó a reducirse tras proteger a casi 3,6 millones de asalariados a la vez. Según destacó la también ministra de Asuntos Económicos, el registro del pasado día 4 supone 11.000 afectados menos que el anterior mínimo, experimentado en octubre del 2020. Y la tendencia es que la cifra continúe a la baja: “Lo previsible es que la senda descendente se mantenga en los próximos días, conforme continúen levantándose las restricciones a la movilidad”, señaló Calviño. Casi la mitad de los trabajadores en ERTE pertenecen al sector de la restauración y servicios de alojamiento.
La vicepresidenta compareció para dar cuenta del impacto de la crisis en la evolución de las finanzas de las administraciones. Así, explicó que entre el 2020 y el 2021 el gasto público “asociado a la respuesta frente a la pandemia” va a superar los 73.000 millones de euros, un 6,4% del PIB. A lo que hay que añadir, remarcó, “los 158.000 millones de euros en financiación, en liquidez, movilizada a través de garantías, avales y moratorias fiscales, del pago de la Seguridad Social…”.
Calviño atribuyó a las últimas oleadas de la covid la reciente rebaja de las previsiones de crecimiento económico y de déficit y deuda pública para este año. También aprovechó para reclamar la revisión de las reglas fiscales –que afectan a los miembros de la UE– antes de que vuelvan a estar en vigor. “No se adaptan a la realidad económica y social. Hay que simplificar y modernizar las reglas fiscales”, defendió la vicepresidenta segunda del Gobierno.
(Noticia extraída de La Vanguardia)
