La revalorización costará 10.000 millones en el escenario más optimista
La escalada de la inflación amenaza con inflar la factura de las pensiones en hasta 11.700 millones de euros a pagar en 2023, casi duplicando el coste a hacer frente en este 2022. Con el estallido de la guerra en Ucrania se abren distintos escenarios de previsiones del IPC que se mueven entre la horquilla del 5,6% y el 6,5% en una coyuntura de crisis por la tensión geopolítica y económica global. Con la reforma de José Luis Escrivá, encargado de Seguridad Social, la revalorización del año próximo toma como referencia el IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre del 2022.
El panel de Funcas observaba un 3,5% promedio para 2022, unas observaciones que, rebosando en cuatro décimas a la inflación de 2021, ahora queda lejos de lo que esperan los economistas para este año. El estallido del conflicto en Ucrania eleva considerablemente las previsiones, que ahora oscilan en un 5,6% en el escenario más optimista y en un 6,5% si tuviéramos una crisis energética derivada de la guerra. Lorenzo Bernaldo de Quirós, en conversaciones con este periódico, confirmaba también una inflación en el 6,5%.
Así, el tensionamiento de los precios afecta directamente a las pensiones. Por la reforma a cargo del ministro Escrivá, se establece una revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, para que los jubilados mantengan su poder adquisitivo. Esta medida cobra sentido en años anómalos como 2021 y, especialmente, como 2022. Con este mantenimiento del poder adquisitivo, la factura de la Seguridad Social se infla en, al menos, 10.800 millones de euros, y casi duplica la factura del año anterior -en torno a 6.000 millones- en el peor de los casos, con 11.700 millones.
Este gasto consolidado, según datos ofrecidos por Enrique Devesa, investigador de la Universidad de Valencia, del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), se traduce en valor actuarial de 115.000 millones de euros en valor de 2023. En términos relativos al Producto Interior Bruto (PIB) de este año, supondría el 7,8%.
Según Devesa, Miembro, a propuesta del Consejo de Ministros, del Comité de Expertos que desarrolló el Factor de Sostenibilidad del sistema de pensiones en 2013, el desvío en el gasto en pensiones a raíz del año anómalo de inflación que los expertos plantean, dentro del escenario central actual con el IPC promedio al 5,6%, supondría restar un 0,6% al PIB español.
En todo caso, este es un cálculo que gira en torno al déficit y habría que tener en cuenta cómo funciona este factor determinante de la inflación en otros aspectos que influyen en los ingresos. En juego están las negociaciones por el alza de salarios, en la que los sindicatos fuerzan por ligar también los salarios a la inflación mediante cláusulas de revisión. Un alza de las cotizaciones nutriría la famosa hucha de las pensiones para hacer frente a este gasto extra que supone ligar pensiones al IPC.
Este punto, el del gasto, adquirió en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 un mayor peso por la revalorización de las pensiones ligadas al nivel de inflación. La Seguridad Social cuenta para 2022 con un presupuesto de 181.081 millones de euros por la totalidad de sus operaciones, lo que pone de relieve el peso del sistema de protección social de Seguridad Social en el conjunto de la economía española. Esta cifra supone un incremento sobre el presupuesto para 2021 de un 5%.
«Las expectativas de inflación permanecen ancladas pero la persistencia en las tensiones de precios puede desatar espirales alcistas y efectos de segunda ronda», avisa la AIReF en el Observatorio de la deuda recién publicado. Además, la auditora pública remarca el «previsible aumento del gasto sanitario y del gasto en pensiones como consecuencia del envejecimiento de la población es uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo» como uno de los factores de presión sobre el déficit público.
(Noticia extraída de El Economista)
