Foment propone que «prevalezcan el interés general y la seguridad sanitaria» y la CEOE se suma a la iniciativa
Foment del Treball reclama al Gobierno que explore la posibilidad de establecer la vacunación obligatoria de los trabajadores contra el coronavirus. «El progresivo retorno a la presencialidad de los trabajadores a los centros de trabajo y la aplastante evidencia sobre la seguridad y efectividad de las vacunas señalan el camino sobre la oportunidad de normalizar la obligatoriedad de las vacunas a todos los ciudadanos que quieran recuperar los hábitos de la vida cotidiana anterior a la crisis sanitaria», afirma la organización.
La CEOE se ha sumado a la iniciativa de la patronal catalana, que hará llegar al Ejecutivo. «Se trata de que prevalezcan el interés general y la seguridad sanitaria», asegura la organización presidida por Josep Sánchez Llibre. A juicio de esta entidad «existen suficientes disposiciones legales que fundamentarían una decisión del ministerio de Sanidad en este sentido. Es cuestión de voluntad política establecer la obligatoriedad de la vacuna».
Países como Italia o EEUU exigen la vacunación obligatoria de todos los trabajadores. En otros territorios, como Francia, Australia, Inglaterra y Gales se han impuesto medidas de este tipo peros dirigidas al personal sanitario.
Sin dificultad
Aunque no existe una norma que permita una medida de este tipo de forma explícita, «no habría ninguna dificultad para que, excepcionalmente, el interés general relativo a la salud pública prevaleciera sobre el particular», sentencian desde Foment. En este sentido mencionan el artículo 42 de la Constitución según el cual «corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios (…)». También hacen referencia la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, «que regula las excepciones respecto a la voluntariedad de los trabajadores».
A juicio de la patronal, pese a que hay que preservar los derechos particulares, los gobiernos «tienen el derecho» de imponer este tipo de medidas «para salvaguardar la salud del conjunto de la sociedad». Las organizaciones empresariales recuerdan que se han puesto 6,24 billones de dosis en todo el mundo, que «evidencian la seguridad y efectividad de las vacunas».
Desde Foment destacan que la vacunación «es una obligación moral de cara los demás que debería conseguirse con el convencimiento, la información y la evidencia, pero por si eso fuera insuficiente, el Gobierno tendría la obligación de imponerla para salvaguardar el interés general». Foment entiende que si se han impuesto medidas obligatorias como el uso de mascarillas en los centros de trabajo, «por coherencia con los mismos principios de protección y seguridad, si disponemos gracias a la ciencia de una medida preventiva de primer orden, como es la vacuna, y mucho más eficaz que otras, los empresarios deberían tener la oportunidad de poder exigir la vacunación de sus trabajadores en los casos en los que puedan constituir un peligro para el propio trabajador, el resto del personal y, en general, para el conjunto de las personas relacionadas con la empresa».
(Noticia extraída de El Periódico de Catalunya)
