La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el director del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), Héctor Illueca, han presentado el plan de actuación de la Inspección. Dentro de esta iniciativa, se incluirá el envío masivo de más de 137.500 cartas a empresas y autónomos que emplean casi un millón de personas.
Por primera vez, este plan de actuación presta especial atención al golpe de calor. «Somos un Ministerio preocupado por la salud y seguridad de los trabajadores y no dejaremos de trabajar para garantizar unas condiciones dignas para todas las personas trabajadoras de este país», ha dicho Díaz.
El foco que se ha puesto en los golpes de calor deriva del fallecimiento en agosto del año pasado de Eleazar Blandón, un trabajador del campo de 42 años. «Lo que queremos es evitar lo que vimos el año pasado con Eleazar Blandón y el sufrimiento de su familia», ha añadido la vicepresidenta segunda del Gobierno.
La Inspección pretende vigilar al mayor número de empresas posible
Tal y como han comunicado desde el ministerio, la intención es vigilar al mayor número posible de empresas. De esta manera, la Inspección de Trabajo pondrá el foco en la exposición a las elevadas temperaturas, un riesgo para la salud que en ocasiones puede tener consecuencias letales.
Así, la Administración perseguirá a aquellas empresas y autónomos que pongan a sus trabajadores en peligro, exponiéndoles a altas temperaturas u obligándoles a trabajar en condiciones precarias o locales sin ventilación.
Por otro lado, el ministerio está atendiendo como urgentes las denuncias y comunicaciones recibidas en el buzón de la Inspección de Trabajo, de cualquier sector de actividad, que esté relacionada con los riesgos por golpes de calor.
Dentro del envío masivo de cartas que se llevará a cabo por este motivo, la Administración advierte que los incumplimientos del deber de protección de la seguridad y salud de los trabajadores se considerará como una infracción grave o muy grave. Infligir esta normativa conllevará multas que van desde los 2.046 euros hasta los 819.780 euros.
(Noticia extraída de El Economista)
