Las trabajadoras domésticas se movilizan para acabar con años de discriminación. Su última batalla: tumbar una enmienda que aplaza la mejora de derechos
La escena sucedió esta semana frente al Congreso de los Diputados. Graciela, Rafaela, Marta y muchas otras mujeres de edades y procedencias distintas se saludaban con largos besos, abrazos y preguntas de ¿cómo estás, hermosa? Una ofrecía cerezas de un tupper.Otra decía que, tras todo el día sin parar, tenía que comer un bocadillo si no quería acabar desmayada. Se preparaban para el próximo reto: reunir a cuantas más compañeras mejor como forma de presión. Al preguntarle a una por el número de manifestantes que esperaba, respondió con sorna que más de 100.000. “En el fondo es verdad. Porque cada una de nosotras vale por diez”, añadió ya en un tono más serio, adoptando un aire casi de heroína.
Todas ellas —empleadas del hogar y de los cuidados— se habían reunido en el centro de Madrid para gritar que, tras años de discriminación e invisibilidad, reclaman los mismos derechos que el resto de trabajadores. Cosas tan básicas como un subsidio por desempleo, un convenio colectivo y otras herramientas que sirvan como escudo en un sector donde abundan los abusos. Son más de 600.000 personas —de las que el 96% son mujeres; en torno a un tercio no están dadas de alta; y una gran parte, imposible de cuantificar, de origen migrante— que cada día se desloman limpiando casas o atendiendo a ancianos, niños o discapacitados. Y que ahora han dicho basta.
La última batalla de la guerra tiene nombre propio, la enmienda 6777, presentada el pasado mayo por el Grupo Popular a los Presupuestos Generales del Estado. Esta iniciativa parlamentaria retrasa cinco años —del 1 de enero de 2019 inicialmente previsto al 1 de enero de 2024— la equiparación del sistema de cotización de las empleadas de hogar al régimen general de la Seguridad Social. Así, denuncian las afectadas, se posterga cinco años más una situación de extrema debilidad.
Los populares justificaron su enmienda como un intento de “evitar una serie de efectos negativos”, como “la generación de nuevas obligaciones para los empleadores del hogar”. Para la abogada Natalia Slepoy, sin embargo, este documento supone “un agravio comparativo que va a suponer mayores lagunas de cotización en un sector donde las jubilaciones ya son muy bajas, porque el trabajo sin contrato es muy habitual”.
Las empleadas domésticas ya dieron un paso fundamental en 2011, cuando arrancaron al Gobierno un compromiso para introducirlas en el régimen general de la Seguridad Social. Pero entonces se pactó un sistema especial con menores derechos de los habituales. Y para asuntos como las cotizaciones se fijó un periodo transitorio que debía concluir el próximo año, y que ahora se pospone a 2024. Pero además, factores tan importantes como la prestación por desempleo, la inclusión en una ley de riesgos laborales o fórmulas para evitar el despido libre sin protección quedaban fuera del alcance de estas mujeres.
Graciela Gallego llegó a España procedente de Colombia un sábado de hace 13 años y al lunes siguiente ya estaba cuidando de “la abuelita”. Desde entonces, esta mujer de 59 años no ha parado de sacar a pasear, limpiar o acompañar a ancianos en régimen de interna. “En todo este tiempo solo he tenido tres empleadores. Hace poquito enterré a la abuela con la que estuve más de seis años y ahora busco otra familia. Estoy desprotegida”, explica. En su último empleo, Gallego cobraba 950 euros por 24 horas al día de dedicación a una anciana; con un descanso de 36 horas que comenzaba el sábado por la mañana y acababa en la tarde-noche del domingo.
Gallego solo tiene buenas palabras para las familias para las que ha trabajado. Pese a ello, hace ya una década que se dio cuenta de que vivía situaciones injustas, lo que le empujó al activismo. Un día algo en su cabeza hizo clic, y vio que si quería mejorar sus condiciones de vida tenía que organizarse con otras como ella. ¿Cuál fue el desencadenante? “Los días festivos. Nos decían que no teníamos derecho a ellos”, responde.
Nueva ola feminista
En la manifestación frente al Congreso del miércoles, grupos de mujeres blandían fregonas o escobillas del baño al grito de “Porque sin nosotras no se mueve el mundo”. Las protagonistas de la jornada admiten que la nueva oleada feminista que el pasado 8 de marzo llenó las calles españolas de mujeres ha dado nueva fuerza a sus reivindicaciones. “Los cuidados han sido uno de los ejes fundamentales de las marchas feministas. Y ahí se incluyen tanto los que se prestan en las familias como los que hacen las trabajadoras. Hace falta una reorganización de la sociedad que tenga en cuenta la absoluta feminización e invisibilización de los cuidados. Las dos luchas están muy ligadas”, opina la abogada Slepoy.
Al igual que Gallego, Marta Arboleda es colombiana y trabajaba como cuidadora en régimen de interna. Pero hace más de un año que abandonó este puesto, cansada de una dedicación exclusiva que le consumía todo el tiempo. “Aunque estaba con una gran familia, me di cuenta de que no tenía vida. Como interna, vives para tus empleadores. Y cuando sales los fines de semana, lo único que quieres es descansar”, explica Arboleda en uno de los pocos momentos libres que le quedan entre discurso y baile con canciones de Shakira, Chayanne o Raphael reinterpretadas con letras reivindicativas.
“En muchos sitios, con oírte el acento y saber de qué trabajas ya te miran por encima del hombro. Así que aquí, con mis compañeras, es donde debo estar. El asociacionismo es la única forma de lograr cambios”, concluye su compatriota Gallego.
El Gobierno se plantea cómo ampliar sus derechos
La lucha de las trabajadoras del hogar coloca al Gobierno en una difícil tesitura. Por una parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, subraya la necesidad de ampliar los derechos de este colectivo. Pero al mismo tiempo, en su equipo admiten la dificultad de tomar decisiones inmediatas teniendo en cuenta que el gasto de este año está limitado por el Presupuesto que dejó en herencia el PP. “No son nuestros Presupuestos. No estamos de acuerdo con ellos. Pero asumimos que tenemos que gobernar con ellos”, aseguran en el ministerio.Mientras, el Gobierno se plantea qué medidas abordar para atender las reivindicaciones de cuidadoras y limpiadoras. Así, en Trabajo dicen que van a trabajar para ratificar el convenio 189 de la OIT —firmado en 2011 y ratificado por 25 países, pero no por España— para ampliar sus derechos. “La voluntad de la ministra es estudiar el desarrollo y coste de este convenio, teniendo en cuenta que este año el gasto está muy limitado”, dicen fuentes ministeriales.
(Noticia extraída de El País)
