El uso de sociedades interpuestas con sede en diferentes países para evadir impuestos está complicando cada vez más las investigaciones judiciales por los delitos contra la Hacienda pública, según alerta la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.
El fraude fiscal supone el grueso de los ilícitos que investiga el área de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona, que el año pasado cosechó 87 condenas por delitos contra la Hacienda Pública, ha explicado a Efe la coordinadora de la sección, Carmen Martín.
El 41% de esas sentencias condenatorias fue fruto de pactos entre acusaciones y defensas, en los que los defraudadores aceptaron devolver a la Agencia Tributaria la cuota evadida, más los intereses y las multas, así como las costas correspondientes a la Abogacía del Estado, que suele exigir esas condiciones para aceptar un acuerdo con los acusados.
Pese al alto porcentaje de sentencias de conformidad sobre fraudes, la Fiscalía alerta de que, fruto de la economía globalizada, cada vez es más frecuente que los evasores fiscales se sirvan de entramados financieros compuestos de sociedades con sede en distintos países para ocultar sus ingresos a la Hacienda pública.
Mediante un entramado opaco, los defraudadores recurren a personas jurídicas interpuestas y desvían sus ingresos a empresas con sede en paraísos fiscales o en países con una política tributaria menos gravosa, entre los que suele ser frecuente Holanda.
La complejidad de esos entramados concebidos para el fraude fiscal entorpece la persecución penal, principalmente por las trabas con que se encuentran los jueces para solicitar información a bancos o agencias tributarias de otros países, un proceso que suele exigir que se tramiten comisiones rogatorias y que puede ser lento.
No obstante, según Carmen Martín, la cooperación internacional entre los sistemas judiciales de diferentes países «es buena», excepto en el caso de los paraísos fiscales, que en su mayoría no facilitan información en investigaciones sobre fraude fiscal y tampoco en la de blanqueo de capitales, si el dinero negro procede de delitos contra la Hacienda pública.
Para agilizar los trámites, la Agencia Tributaria de España tiene acuerdos de colaboración con sus homólogas de otros países, lo que permite acceder a información bancaria o societaria sin necesidad de que el juzgado expida comisiones rogatorias.
En la mayoría de casos, las evasiones fiscales investigadas en 2017 por la Fiscalía de Barcelona correspondían a fraudes en el pago del IVA, una tendencia que no cambia desde hace años, pese a que también han ido en aumento los casos de engaños a la Hacienda pública en la declaración del IRPF.
De hecho, el fraude en el pago del IRPF ha motivado la mayoría de investigaciones que la Fiscalía de Barcelona ha abierto en los últimos años a distintas celebridades del mundo del fútbol, la cultura o los negocios, desde el internacional argentino Leo Messi -condenado a 21 meses de cárcel-, la soprano Montserrat Caballé o el abogado Emili Cuatrecasas, unas pesquisas en las que ha resultado clave el área de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria.
Los defraudadores famosos han logrado eludir la prisión mediante acuerdos con la Fiscalía que pasaban por devolver las sumas evadidas, una senda que podría seguir ahora la cantante Shakira, a quien el área de Delitos Económicos investiga por un supuesto fraude del IRPF entre los años 2011 y 2014, simulando presuntamente residir en países considerados paraísos fiscales.
A lo largo del año pasado, según revela la Memoria de la Fiscalía, aumentaron las diligencias abiertas por delitos económicos, lo mismo que los juicios y las sentencias condenatorias, siguiendo la tendencia de los últimos años, con el fraude fiscal encabezando este tipo de infracciones penales.
(Noticia extraída de El Economista)
