Fedea pide la modernización de las oficinas de empleo y más recursos
Los servicios públicos de empleo en España actúan tarde y muy débilmente a la hora de ayudar a los parados a encontrar un trabajo. Con estos mimbres, advierte un reciente estudio de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea), se hace casi imposible contribuir con eficacia a la inserción urgente de hasta 1,8 millones de personas que llevan sin trabajo desde hace al menos dos años –lo que en términos técnicos se denomina parados de muy larga duración–. La investigación del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Marcel Jansen pone de manifiesto las limitaciones de los servicios públicos de empleo y reclama su “profunda modernización” así como un “aumento considerable en los recursos destinados a las políticas de empleo”.
La receta pasa, según recalca Jansen, por una actuación temprana y de acompañamiento efectivo, con herramientas básicas como “perfilado estadístico” del colectivo. Algo muy alejado de un sistema donde es poco habitual ofrecer servicios más personalizados, como un plan de acción individual o un tutor, en el primer año sin trabajo. O con una tasa de participación baja en los programas y servicios ofrecidos –en torno al 12-15% de los desempleados–, sobre todo entre los menos formados: según datos del ministerio, en el 2015 no llegaba al 1% los parados de baja cualificación registrados en las oficinas de empleo que recibieron un programa de formación. Mientras que se asignó un tutor al 6% de los desempleados de larga duración. En general, transcurrieron de media 9,5 meses entre que los desempleados se inscribieron en el servicio público de empleo y recibieron un primer servicio o medida para la búsqueda de trabajo. Según el informe, un tercio de los solicitantes de empleo no disfrutó de uno de estos servicios por primera vez hasta que eran parados de larga duración (sin trabajo desde hace más de un año).
Los servicios públicos de empleo mantienen además un papel “marginal” en la intermediación para obtener un trabajo, a la cola en comparación con el resto de Europa. Sólo ha beneficiado en este sentido a un 2% de quienes encontraron un empleo en el último año, frente al 15% en los países nórdicos. Asimismo, el gasto en políticas activas de empleo por persona dispuesta a trabajar se desplomó entre el 2008 y el 2013, al caer un 66%. Este descenso se debió en parte al fuerte repunte del número de parados durante la crisis.
El autor del trabajo, realizado dentro del programa de JPMorgan Chase New Skills at Work, apuesta a corto plazo por la colaboración entre las instituciones públicas y empresas privadas de colocación o las entidades especializadas del tercer sector. ¿La razón? Si los servicios públicos de empleo asumen en exclusiva el reto de la inserción de los parados de larga duración, sería necesario “una inversión sustancial en infraestructura y en la contratación y formación de orientadores que sería muy difícil de completar en un tiempo razonable y que podría resultar complicado de revertir en el futuro”. Jansen pidió también mayor coordinación con las autonomías, responsables de aplicar las políticas activas de empleo, e implantar “incentivos para los que adopten instrumentos que son útiles”. Sobre los últimos programas para los parados de larga duración impulsados por Empleo, dijo que “tienen un planteamiento correcto”, pero destacó la falta de evaluación y la ausencia de objetivos concretos que alcanzar.
(Noticia extraída de La Vanguardia)
