El ingreso de dinero es motivo de alegría en cualquier hogar, pero incluso las obviedades que parecen más flagrantes tienen sus excepciones. Una de esas singularidades la experimentan las familias catalanas que reciben la prestación por la situación de dependencia de un pariente… cuando ya ha fallecido. Ingresos a destiempo, que ayudan a reequilibrar las cuentas domésticas, pero que llegan tarde a su propósito original, cuando ya no van a servir para dignificar la calidad de vida del beneficiario ni aligerar la pesada carga que sobrellevan los cuidadores. De esta triste paradoja pueden dar buena cuenta 48.382 familias en Catalunya, acumuladas desde el 2007 hasta agosto de este año.
Desde la Generalitat, achacan el desfase, que se ajusta a la legalidad, a “la complejidad burocrática” del sistema impulsado por el Gobierno central. “No ayuda que no se permitan compatibilidades de prestaciones, ni que la demanda no deje de crecer al poder reclamarse una revisión del grado de dependencia; también es complejo coordinar equipos médicos y sociales de evaluación a diferente escala territorial”, justifica el secretario de Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias.»Y hay que tener en cuenta que en julio del 2015 se incorporan unos 61.000 usuarios con grado 1 [el más leve], que desde entonces tienen derecho a percibir prestaciones», añade.
Situaciones que conocen los profesionales que operan sobre el terreno, que sin embargo añaden focos críticos al análisis. “Muchas familias ni saben que tienen derecho a cobrar prestaciones una vez el pariente fallece, y eso agravaría la estadística”, destaca Montse Pérez, coordinadora de la Comisión de Dependencia del Colegio de Trabajo Social de Catalunya. Los familiares tienen derecho a cobrar los retrasos no percibidos por el difunto “si lo solicitan” en todos los servicios y prestaciones, excepto en la de cuidador no profesional, conviene la Generalitat.
De las 182.033 prestaciones por dependencia censadas en Catalunya en septiembre, más del 46% (83.816) son de cuidador no profesional. Desde el 2007, se han recibido 562.416 solicitudes de valoración del grado de dependencia. En junio de este año había 140.378 perceptores de ayuda , una cifra que “debe contextualizarse con el perfil del usuario, con una mayoría que tiene menos esperanza de vida”, explica Iglesias: el 54% de los solicitantes tienen más de 80 años.
PARADOJAS
Esa es la realidad de las estadísticas, pero en ninguna de ellas figura el impacto de acondicionar todas las dimensiones de un hogar a la presencia de una persona dependiente. Economía, horarios, responsabilidades… “Cuando una familia hace una demanda de un servicio de apoyo es porque ya no puede más, porque está al límite”, denuncia Pilar Rodríguez, directora sociosanitaria de Asociación Bienestar y Desarrollo, oenegé que desde hace tres décadas da cobertura a los colectivos más vulnerables. La frustración aumenta al tener constancia de que “pese a la existencia de listas de espera hay centros de día que tienen plazas disponibles”, sostiene Rodríguez.
Un sinsentido que también se explica por los efectos de la crisis: “Algunas familias dependen tanto de la pensión de la abuela que se buscan la vida para tenerla en casa y no haber de abonar 300 o 400 euros del copago para que vaya a un centro de día”, dice Rodríguez. Una obligación que tiene el efecto perverso de “invisibilizar a mucha gente con necesidades de cobertura, pero que por diferentes motivos deben quedarse en el piso”.
REFLEXIÓN
La situación se agrava para familiares con tercer grado de dependencia (personas nada o muy poco autónomas) y patologías como alzhéimer, expone Pérez. “Son situaciones insostenibles a nivel domiciliario y sin embargo deben soportar listas de espera para plaza residencial concertada de incluso 3 o 4 años”, destaca la trabajadora social. “Son gente que paga sus impuestos y siente un abandono brutal cuando más apoyo necesita”, insiste.
Aprietos objetivos a los que se suma la percepción de parte del sector de que en la actualidad “resulta más difícil la concesión de un grado elevado de dependencia o que se apruebe la revisión de la categoría”, según explican desde el Colegio de Trabajadores Sociales. Todo ello en consonancia con los recortes “aplicados con nocturnidad y alevosía”, que ponen en riesgo la viabilidad del sistema y “acrecientan la sensación de desprotección”, destaca Pérez.
El panorama merece “una reflexión” por parte de todas las autoridades, según Rodríguez: “En vez de pensar a corto plazo y hablar de gastos en dependencia, deberían asumir que es una inversión en política social, y que garantiza un retorno a la sociedad”, expone. Pérez también denuncia la necesidad de ampliar las miras: “Con el panorama político de allí y de aquí, da la sensación de que todo es provisional y no se impulsan medidas de calado. Y si hay algo que no es provisional es la vida de las personas”.
Prioridad para personas solas y sin recursos
La Generalitat dispone de un servicio de atención domiciliaria para situaciones de especial vulnerabilidad, sin necesidad de estar valoradas por la ley de dependencia. Es el caso de personas que viven solas, sin recursos económicos ni apoyo familiar. “Son prioritarios en la lista de espera, independientemente de que tengan concedido grado de dependencia o no”, dice Iglesias.La de cuidador no profesional encabeza la lista de prestaciones concedidas en Catalunya, seguida por servicios de residencia para gente mayor, ayuda a domicilio y teleasistencia.
De las 518.941 solicitudes de dependencia valorables, un 97,2% (504.158) ya se han resuelto. A fecha del pasado junio, 140.378 personas eran beneficiarias de ayudas por dependencia en Catalunya.
(Noticia extraída de El Periódico de Catalunya)
